La Prensa Libre

Las familias inmigrantes con niños gravemente enfermos o discapacitados ahora enfrentan la deportación por parte de la

Las familias inmigrantes con niños gravemente enfermos o discapacitados ahora enfrentan la deportación por parte de la

diciembre 26
00:00 2019

FILADELFIA — A los cinco años, Kevin Marín no puede hablar.

Necesita ayuda para comer, auxiliares auditivos y el apoyode dispositivos ortopédicos para caminar mejor.

Además de ser severamente autista, Kevin sufre de un rarotrastorno llamado “agenesia del cuerpo calloso”, en el que le faltan las fibras que conectan los dos hemisferios del cerebro o están solo parcialmente intactas.

Él y su hermano mayor, Luis, de 12 años, que tiene sus propios problemas de salud, visitan a neurólogos, pediatras, ortopedistas y fisioterapeutas unas 20 veces al mes.

Solo la atención compleja y avanzada de los sistemas médicos y terapéuticos estadounidenses (y la devoción de sus padres inmigrantes indocumentados) permiten a Kevin y Luis, ambos ciudadanos estadounidenses, a vivir una apariencia de vida normal.

Ahora, un cambio en la política de la administración de Trump amenaza con expulsar a la familia de los Estados Unidos a un país que carece de apoyos médicos y sociales cruciales para los niños.

“¿Qué crees que sufrirán nuestros hijos allá?”, preguntó su padre, Pedro Marín Álvarez. “¿En lugares con más delincuencia y menos educación que aquí?”

Álvarez, de 32 años, cruzó la frontera desde México en 2003, mientras que Velveth Román Girón, de 36 años, vino aquí desde Guatemala en 2005. Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos.

Afirman que no están pidiendo la ciudadanía, la residencia permanente o ningún estado especial, solo la posibilidad de quedarse y cuidar a sus hijos, un esfuerzo desafiante las 24 horas del día. Técnicamente, solo los padres están en riesgo de expulsión, ya que los niños son ciudadanos estadounidenses, pero no está claro cómo los niños podrían sobrevivir sin el apoyo y la defensa de su madre y su padre.

“No necesito privilegios”, aseguró Román Girón.”Solo necesito que mis hijos me tengan y que pueda garantizar sus derechos como ciudadanos de este país. … Somos personas que luchamos por nuestros hijos”.

A media dos de agosto, sin aviso público, el Servicio de Aduanas e Inmigración de EU (USCIS) puso fin a lo que se llama acción médica diferida, un programa pequeño humanitario que el gobierno ha operado durante décadas. Permite que las familias indocumentadas vivan y trabajen en los EEUU mientras luchan contra enfermedades graves o potencialmente mortales, como el cáncer, la leucemia y la fibrosis quística.

El gobierno recibe alrededor de mil solicitudes al año de acción diferida, que no otorga estatus migratorio, pero protege a las familias de ser arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU.

El USCIS envió cartas por correo informándole a las familias que la agencia ya no consideraría aplazamientos para aquellos con afeccionesmédicas graves.

“Como tal, su solicitud de acción diferida ha sido denegada”, decían las cartas. “No está autorizado a permanecer en los Estados Unidos”.

A las familias se les notificó que tenían 33 días paraabandonar el país o enfrentar procedimientos de deportación.

En medio de un huracán de protesta pública, la administración de Trump modificó en parte la política, pero no de una manera que proteja a las familias como los Marín, quienes viven en Lancaster. Su estado de acción diferida expira dentro de 11 meses.

“Es realmente inhumano perseguir a niños vulnerables y enfermos que ya están en Estados Unidos buscando tratamiento médico”, dijo la abogada de inmigración de Conshohocken, Audrey Allen, quien representa a los Marín y a otras familias en la misma situación. “Realmente es una sentencia de muerte enviarlos de regreso a un país del tercer mundo o un país que no puede proporcionar el mismo nivel de recursos”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Massachusetts, y otros grupos de derechos civiles están demandando para restablecer la acción diferida y proteger a las personas que reciben atención, incluida una niña de 10 años con cáncer ocular y una joven de 18 años con quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo.

“Este es un nuevo golpe bajo, incluso para Donald Trump”, subrayó el senador demócrata de Massachusetts Ed Markey en una conferencia telefónica con periodistas. “Esta administración ahora está deportando a niños con cáncer”.

Posteriormente, el USCIS anunció que ICE decidiría los casos de acción diferida, lo cual ICE rechazó de inmediato, respondiendo que la agencia no asumiría ese deber. El 3 de septiembre, el USCIS anunció que”completaría la carga de casos” de acción diferida que estaban pendientes el 7 de agosto, lo que dejó a muchas familias sin forma de obtener o renovar aplazamientos.

“La deportación en esta situación es una sentencia de muerte, y no debemos medir nuestras palabras al respecto”, condenó la representante estadounidense Ayanna Pressley, demócrata por Massachusetts, donde al menos 20 niños reciben un tratamiento para salvar su vida.

Filadelfia también cuenta con múltiples casos, quizás debido a la calidad de la atención en el Hospital Infantil St. Christopher y el Hospital Infantil de Filadelfia.

En una audiencia en el Congreso en Washington el miércoles, funcionarios del USCIS frustraron a los legisladores al negarse a responder preguntas, citando litigios en curso.

“No pueden decirme por qué hay una nueva política, no pueden decirme qué motivó la nueva política y no pueden decirme cuál es la nueva política”, criticó el representante Jamie Raskin de Maryland, director demócrata del Subcomité de Supervisión de Derechos y Libertades Civiles de la Cámara Baja.

“Ese es mi testimonio, señor, sí”, respondió Daniel Renaud, director asociado de la Dirección de Operaciones de Campo del USCIS.

La familia Marín solicitó por primera vez la acción diferidaen 2017; la cual expira el 1º de agosto de 2020.

Para los padres, la vida es una división del trabajo enfocado en sus hijos.

Marín Álvarez trabaja 13 horas al día, seis días a lasemana, en una pizzería. Gana dinero mientras su esposa se ocupa de cuidar alos niños. Ella es la organizadora, la que lleva los documentos importantes y realiza un seguimiento de las citas y los registros médicos.

Ambos niños van a la escuela, donde reciben terapia ocupacional, terapia del habla y clases especiales para niños autistas. Además, en el hogar, reciben terapia del Centro para el Autismo y las Discapacidades del Desarrollo tres veces por semana.

Román Girón comentó que están agradecidos por el trabajo de los médicos y terapeutas. Ella y su esposo ven a sus hijos progresar. Luis entiende inglés y español, incluso si no habla en respuesta.

Dijeron que solo aceptan la asistencia federal a la que sus hijos tienen derecho como ciudadanos, como el Ingreso de Seguridad Suplementario, para ayudar a pagar los zapatos ortopédicos y los auxiliares auditivos, y el Medicaid, que ayuda en las visitas al médico y las hospitalizaciones.

“No queremos ser lo que el presidente siempre ha dicho que somos, una ‘carga para el país’”, dijo Marín Álvarez. “Porque no lo somos y no tenemos la intención de serlo”.

Se estima que mil millones de personas en todo el mundo sufren alguna forma de discapacidad, 140 millones de ellas en las regiones de América Latina y el Caribe, casi el 15 por ciento del total. Pero menos del tres por ciento de ellos tienen acceso a servicios de rehabilitación, según informes de las Naciones Unidas.

Ser forzados a ir a México o Guatemala, añadió la pareja, sería devastador para sus hijos.

Los estudios muestran que el sistema de salud mexicano no cuenta con suficientes fondos, y las personas con discapacidades mentales o físicas son empujadas a los márgenes de la sociedad, lo que lleva a que tengan vidas menos dignas.

La situación es similar en Guatemala, donde hace dos años un miembro del parlamento declaró: “Las personas con discapacidad solo constituyen un gasto para el país”.

Las personas con discapacidad sufren la mayor discriminación y pobreza en ese país, ya que solo el 15 por ciento cuenta con los ingresos necesarios y solo el dos por ciento tiene empleos formales, según un estudio delas Naciones Unidas de 2016.

Los Marín insisten en que sus hijos contribuirán a lasociedad estadounidense.

Esperan que algún día, Kevin dé discursos, con la ayuda deun sistema de voz electrónico. Y que Luis, quien ama la tecnología, pudierainvolucrarse en sistemas informáticos.

Quieren que sus hijos puedan hablar, dijeron, para que puedan decirle a la gente lo que Estados Unidos hizo por ellos.

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(c)2019 The Philadelphia Inquirer

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