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ONU alerta de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador
febrero 08
00:00 2018

SAN SALVADOR — El Salvador debe de tomar urgentemente medidas efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y poner fin al círculo vicioso de impunidad que hace posible estos crímenes, afirmó el lunes Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

“He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, dijo Callamard en conferencia de prensa al concluir doce días de investigación en el país.

La experta de la ONU agregó que este comportamiento que viola los derechos humanos se fomenta aún más “por las muy débiles respuestas” de las principales instituciones públicas, incluyendo el nivel de investigación y judicial.

Callamard además criticó la repuesta de las autoridades y sostuvo que ésta no debe profundizar más la violencia independientemente de cuan complejo sea el contexto o de qué tanta sea la exigencia en recursos públicos.

El país centroamericano tiene una de las tasas de homicidios más alta en el mundo, según cifras oficiales. Informes de la policía salvadoreña señalan que al menos 3.954 personas fueron asesinadas en 2017, un promedio de 60,8 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, el equivalente a 10,8 por día.

La experta en derechos humanos —que se reunió con altos oficiales del gobierno, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil— manifestó que en El Salvador se encontró con un trauma que nunca termina para las víctimas.

“Las víctimas no tienen más remedio que caminar por los mismos caminos que sus violadores, de encontrarse con sus torturadores en cualquier esquina de la calle y ver todos los días como se paseana los asesinos de sus hijos”.

También sostuvo que los homicidios que se cometen a diario en el país parecen formar parte de una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar el control territorial y su poder. Pueden atacar a mujeres y niñas, o a miembros de pandillas rivales, o pueden dirigir su violencia contra quienes se resisten a la extorsión, o contra los que los denuncian, así como también pueden atacar a funcionarios públicos, incluyendo soldados y policías.

Sin embargo, afirmó que “muchos de los asesinatos no son actos criminales aleatorios. Son organizados y parecen ser parte de una estrategia deliberada aunque perversa”.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.

La relatora exhortó al gobierno a poner fin a las llamadas medidas extraordinarias, que afectaron al sistema penitenciario y que permitieron, por ejemplo, aislar en prisión a los cabecillas de las pandillas, a quienes se responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Señaló que desde 2016, cuando se implementaron estas medidas, casi 40.000 personas “se encuentran en detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas, muchos de ellos a la espera de un juicio.

Callamard, que visitó varias de las cárceles, dijo que “las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos”.



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