La Prensa Libre

Inmigrante del Noroeste de Arkansas podría enfrentar la deportación tras denunciar un delito

Inmigrante del Noroeste de Arkansas podría enfrentar la deportación tras denunciar un delito
diciembre 07
00:00 2017

SPRINGDALE — Una mujer salvadoreña de 22 años de edad, residente en Arkansas ha sido encarcelada desde julio y ahora se enfrenta a la posibilidad de deportación después de que ella llamó a la policía de Springdale reportar la violencia doméstica.

Roxana Menjívar ahora enfrenta una amenza de deportación por estar “ilegal” en Estados Unidos, una experiencia que pone de relieve la vacilación en llamar a la policía que sienten las personas que viven ilegalmente en el país.

“Es un caso desafortunado”, dijo su abogado de inmigración Cedrón Benham quien agregó que “esto ocurre todo el tiempo”.


El alcance completo de las leyes de inmigración aumentado en Arkansas, incluyendo los antecedentes de las personas que son detenidas, ha sido difícil de determinar debido a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ha bloqueado en 9 meses de duración un esfuerzo para obtener sus registros de detención a través de la Freedom of Information Act .

El Arkansas Democrat-Gazette supo del caso de Menjivar al revisar los registros de la reserva de la cárcel del Condado de Sebastian como parte de un esfuerzo para realizar un seguimiento de la aplicación de las leyes de inmigración durante el gobierno de Donald Trump en Arkansas.

Se estima que 56.000 personas nacidas en el extranjero residen ilegalmente en el estado, según el Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, DC.

La cárcel del Condado de Sebastian, en Fort Smith, tiene un contrato con la agencia de inmigración para sostener algunos inmigrantes detenidos antes de ser transferidos a una instalación federal.

El número de personas detenidas allí por razones de inmigración se ha duplicado en los primeros nueve meses de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016, según registros de la cárcel.

En juego para Menjívar, que ha vivido en los EE.UU. durante 11 años y tiene un hijo estadounidense, es su retorno forzado a El Salvador, donde las pandillas relacionadas con la actividad, incluida la violencia y la extorsión, es “generalizada”, de acuerdo con una advertencia de viaje del U.S. State Department.

“Es casos como éste que hacen nuestras familias inmigrantes no quieren participar en la vigilancia de la comunidad, si se trata de violencia doméstica o informar sobre otros tipos de crimen”, dijo Mireya Reith, directora ejecutivo del grupo de defensa sin fines de lucro Arkansas Estados Comunidad Coalición. “Nos encontramos en virtud de reporte tanto en nuestras comunidades en estos casos. Comunicación alrededor de este se propaga. La comunidad comparte esta noticias entre sí “.

Menjivar está detenida en una cárcel de inmigración de gestión privada en Jena, Luisiana donde está prevista una audiencia de fianza a las 9 de la mañana del lunes. Un intento para coordinar una entrevista telefónica con ella no tuvo éxito.

Su detención 17 de julio por la policía de Springdale se produjo después de un oficial llegó a la conclusión de que era el agresor en una disputa doméstica con su marido, que se informó y la que se deriva de una discusión por la custodia de su hijo pequeño, de acuerdo con el informe de la policía.

El oficial le acusó de agresión doméstica, así como falsificación, un delito grave, cuando descubrió la falsificación de documentos en su poder durante el arresto, de acuerdo con su informe. Menjívar dijo que nunca usó los documentos, una tarjeta de la Seguridad Social y la tarjeta de identificación residente legal en su nombre.

Menjívar fue reservada por primera vez en la cárcel del Condado de Washington y permaneció allí hasta que se declaró culpable de 18 de octubre para el cargo menor de posesión de un instrumento de delito. Ella recibió una condena de un año de prisión, según documentos judiciales.

Anteriormente se negó a pagar $ 2.500 de fianza para su liberación de la cárcel del condado, debido a que la “detención” de inmigración habría significado que estaría posteriormente detenida y encarcelada en Luisiana, a siete horas de Springdale, dijo su abogado. Además, habría comenzado entonces su caso de inmigración, mientras que un cargo de delito grave sin resolver se mantuvo en su registro, dijo Ben-ham.

Después de su declaración de culpabilidad, Menjivar pasó dos noches en la cárcel del Condado de Sebastian antes de que fuera trasladada a la cárcel de Luisiana.

Registros del Condado Sebastián obtenidos a través de la Freedom of Information Act muestran que la cárcel que mantiene temporalmente 298 presos por cargos de inmigración hasta septiembre de este año, frente a los 140 que tenía en los primeros nueve meses de 2016. La cárcel celebró un total de 190 prisioneros de inmigración a lo largo de todo el 2016.

Después de llamar a la policía en julio, Menjívar dijo al agente que respondió que su marido, César Santos, rompió su teléfono celular y la empujó contra una pared cuando ella amenazó con llamar a la policía durante un conflicto en horas de la mañana, según el informe del arresto.

Ella llegó a la casa de Santos a las 2 am para buscar a su hijo y llevarlo a la casa de su amigo, donde ella estaba durmiendo mientras ella y su marido eestaban en proceso de separación, dijo ella.

Santos, que tenía un pequeño corte en el labio y marcas en su cuello, dijo a la policía que rompió el teléfono de Menjívar, según el informe.

Menjívar dijo al oficial que ella salió de la casa con su hijo y se dirigió al departamento de policía de Springdale. No vio a un oficial, por lo que se fue. Menjivar más tarde llamó a la policía desde la casa de un amigo, a unas dos horas después de la disputa, según el informe de delito.

El oficial arrestó a Menjivar, acusándola de agresión doméstica delito menor después de revisar las lesiones y los mensajes de texto, según el informe. El oficial citó a Santos – pero no lo arrestaron – por romper su teléfono celular.

Jeff Taylor portavoz de la Policía de Springdale dijo que “no es probable” para los oficiales determinar que la persona que hizo la denuncia original fue el agresor. Taylor dijo que no estaba familiarizado con Menjivar, específicamente.

Taylor también dijo que los agentes no preguntan acerca del estatus legal d las personas, tampoco envían alertar a las autoridades federales de inmigración sobre sospechas de estar ilegalmente en el país.

“No estamos para aplicar cualquier normativa de inmigración”, dijo. “Vamos a cabo y hacer cumplir las leyes del estado. Lo que hace el gobierno federal en cuanto a la inspección de personas en la cárcel, depende de ellos “.

Menjivar entró en el USIN 2006, cuando tenía 10 u 11 años de edad, de acuerdo con su abogado. “Sus padres la llevaron aquí”, dijo Benham. Ella trabajaba en un restaurante en el momento de su detención.

Menjívar, que no parece tener antecedentes criminales, llegó alrededor de cinco años demasiado tarde para obtener el estatuto de protección temporal ofrecido a los inmigrantes salvadoreños tras una serie de terremotos de 2001 en su país de origen.

La acción diferida, aunque no es un “estatus legal”, otorga a los beneficiarios un aplazamiento de la deportación y el acceso a los documentos, tales como una tarjeta temporal de la Seguridad Social, que permiten que les permita conducir y trabajar legalmente en los EE.UU.

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