La Prensa Libre

Esperanzas, críticas rodean reforma migratoria

junio 13
13:01 2013

Tony Hernández y José López

NWA Media

 

Peter Urban/Stephens Media Group Arturo Reyes, izquierda, dueño de restaurantes Acámbaro, habla con el Senador John Boozman el 10 de abril en Washington, D.C. Reyes y millones de inmigrantes indocumentados esperan que suceda una reforma migratoria íntegra.

Peter Urban/Stephens Media Group
Arturo Reyes, izquierda, dueño de restaurantes Acámbaro, habla con el Senador John Boozman el 10 de abril en Washington, D.C. Reyes y millones de inmigrantes indocumentados esperan que suceda una reforma migratoria íntegra.

El Senado de EE.UU. votó 85-15 esta semana para iniciar debate sobre una ley de inmigración que podría afectar cómo cada negocio en Arkansas contrata a sus empleados.

El propietario de una popular cadena de restaurantes mexicanos y algunos miembros de su familia enfrentan la deportación tras una condena federal en relación con la contratación de inmigrantes indocumentados.

J. Scott Applewhite/AP Defensores de la reforma migratoria rezan antes del inicio de una reunión del Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington, el jueves, 9 de mayo. El comité aprobó el plan de reforma migratoria, el cual fue debatido por todo el Senado esta semana.

J. Scott Applewhite/AP
Defensores de la reforma migratoria rezan antes del inicio de una reunión del Comité Judicial del Senado en el Capitolio en Washington, el jueves, 9 de mayo. El comité aprobó el plan de reforma migratoria, el cual fue debatido por todo el Senado esta semana.

La naturaleza de sus crímenes podría afectar sus casos y causarles la deportación, según expertos legales. Arturo Reyes, de Rogers, dueño de la cadena de restaurantes Acámbaro, y algunos miembros de su familia entraron al país de forma ilegal en los años 90. Están entre cientos en Arkansas que han esperado cientos de días en una interminable línea de casos de deportación en el último año, según los datos.

La familia es muy conocida y respetada por muchos en el Noroeste de Arkansas por su apoyo financiero a organizaciones que apoyan a comunidades marginadas.

“Tenemos esperanza que se detenga la deportación”, manifestó Reyes en abril después de que su familia y partidarios divulgaran sus órdenes de deportación. Desde entonces Reyes se ha rehusado a comentar sobre el caso como consejo de su abogado.

Reyes y algunos miembros de su familia se encuentran entre decenas de miles de personas en el estado y más de 11 millones en EE.UU. que viven aquí sin permiso federal. Están manteniendo un ojo en un proyecto de ley bipartidista de inmigración federal que contiene la posibilidad de un camino de 13 años a la ciudadanía, tachada como amnistía por críticos.

El proyecto de ley podría cambiar la forma en que empresas del Noroeste de Arkansas contratan a empleados. La Cámara de Representantes sigue preparando su versión de reforma migratoria.

“Tenemos que centrarnos en las soluciones que aseguran la frontera y proporcionar los recursos necesarios para evitar que los empleadores contraten a trabajadores ilegales”, declaró el Senador John Boozman, republicano por Arkansas, días después de que el proyecto del Senado fue presentado.

 

E-Verify

Una medida del proyecto de ley del Senado tiene previsto afectar cómo los empleadores en el país verifican la identidad de una persona. La medida amplía el sistema electrónico de verificación de empleo, conocido como E-Verify, el cual solo utiliza un pequeño porcentaje de empleadores para determinar la elegibilidad del solicitante para trabajar en el país.

Algunos legisladores federales de Arkansas dijeron que apoyan o miran con interés examinar la propuesta.

El proyecto de ley establecería el sistema E-Verify obligatorio, costando $250 millones en cuatro años, según el Instituto de Política Migratoria en Washington.

Los legisladores quieren establecer la plena aplicación de E-Verify antes de que los inmigrantes indocumentados puedan comenzar el proceso hacia la residencia legal y la ciudadanía, de acuerdo con la revista Politico. Algunos republicanos planean hacer un esmero de modificar el proyecto de ley para exigir la implementación de E-Verify dentro de los 18 meses de la aprobación de la ley, pero demócratas temen apresurar tal implementación o pisar derechos humanos.

El proyecto de ley propone sanciones civiles de hasta $25,000 por trabajador para las empresas que contraten trabajadores no autorizados, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto de Política Migratoria.

El representante Steve Womack, republicano por Rogers, apoya a E-Verify, indicó Claire Burghoff, directora de comunicaciones del congresista.

“Él cree que es importante obtener reacciones de los empresarios que han tenido problemas con E-Verify”, reveló Burghoff.

Cerca del 4% de todas las empresas utilizan E-Verify, pero su expansión sería costosa y crearía errores potencialmente graves, según un estudio de 2011 por el Center for American Progress, un centro de estudios liberal en Washington.

“Sólo se requiere para las empresas que contratan directamente con el gobierno estadounidense”, explicó Elizabeth Young, profesora de derecho y directora asociada de la clínica de inmigración en la Universidad de Arkansas.

En su caso, Reyes pagó cientos de miles de dólares en multas después de que su empresa se declarara culpable de un cargo de delito grave de albergar o proteger a extranjeros para obtener beneficios comerciales en 2008.

En 2007, agentes de inmigración habían hecho redadas en los negocios de Reyes y lo arrestaron a él, a miembros de su familia y a decenas de empleados indocumentados. Él y los miembros de su familia se declararon culpables de cargos menores después de que fiscales federales no tuvieron suficiente evidencia para los cargos más graves, como lavado de dinero y narcotráfico.

“Cuando hicieron la redada, no encontraron ni dinero, ni encontraron droga porque no había cosas sucias”, Reyes relató. “Solo era trabajo lo que hacíamos, trabajo limpio que con el sudor de nuestra frente estábamos logrando lo que íbamos logrando día a día”.

Los fiscales federales dijeron que los cargos cambiaron conforme continuaba la investigación. Se hizo más claro que los gerentes eran más responsables de la contratación de empleados ilegales que los individuos que fueron arrestados.

Reyes acordó con los fiscales federales a pagar $400,000 en vez de perder sus propiedades comerciales. Registros web de la corte federal no muestran cómo se obtuvo esta cifra.

El proyecto de ley de reforma migratoria multaría a empresas entre $3,500 a $7,500 por trabajador por la primera ofensa. Una segunda ofensa podría traer hasta $15,000 en multas y una tercera ofensa hasta $25,000.

Las multas criminales pueden ser de hasta $10,000 por trabajador y/o no más de dos años de prisión, si el proyecto se convierte en ley. Los empleadores que contratan a inmigrantes ilegales y violan la seguridad federal y las normas laborales podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.

Reyes, quien aparece como presidente de Acambaro Mexican Restaurant Inc., se declaró en quiebra en septiembre de 2010 bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota para proteger a la empresa. El negocio sigue abierto.

 

Deportabilidad

Defensores de los inmigrantes realizaron una conferencia de prensa el 17 de abril en Acámbaro de Springdale el día que ocho senadores presentaron el proyecto de ley de inmigración. Usaron los miembros de la familia Reyes como ejemplo de la necesidad de arreglar el sistema de inmigración porque su deportación amenaza con separar a los padres de los hijos.

Ese mismo mes, la familia y sus negocios siguieron participando en la comunidad con esfuerzos de abogacía pública, incluyendo donar al Refugio Paz en el Hogar las venta de comida y bebida de una noche.

Se llevó a cabo una petición en línea al senador Mark Pryor, demócrata por Arkansas, a “mantener a la familia Reyes junta”. Una petición en Change.org muestra que 326 personas se inscribieron como partidarios.

“Habrá bastante tiempo para el debate de inmigración, pero en este momento estamos concentrados en terminar el proyecto de ley agrícola”, Lucy Speed, una portavoz de la oficina de Pryor, comentó el 31 de mayo, previo a una votación sobre el proyecto de ley agrícola esta semana.

Reyes dijo que su familia iba por buen camino para convertirse en residentes legales antes de entrar en un limbo legal tras los cargos criminales federales.

Reyes viajó en abril a Washington como parte de una manifestación nacional en apoyo de la reforma migratoria y se reunió con Boozman y Pryor.

“Nos reunimos con Coalición Comunitaria Arkansas Unidos para discutir la reforma migratoria”, enumeró Boozman. “Arturo Reyes formó parte del grupo, y hablamos con él en la escalinata del Capitolio”.

Boozman tomó notas sobre el caso y dijo que pediría a su personal hacer lo que se pudiera hacer para ayudar.

Hasta el momento, Reyes permanece en el país.

“Cuando las personas son detenidas, el oficial de inmigración les da la oportunidad de aceptar la salida voluntaria o si quieren que un juez determine si se queden o no”, explicó Mauricio Herrera, un abogado de inmigración con sede en Rogers.

Los inmigrantes que han estado en el país durante 10 años o más, con buen carácter moral y con hijos, esposos o padres ciudadanos pueden solicitar exenciones para cancelar la deportación, añadió Herrera.

Rachel Bush, abogada de Bentonville, trabajó como asistente de un juez de inmigración en Memphis y como asistente del administrador de la corte en 2009, dijo. Hoy, ella defiende a los residentes que enfrentan órdenes de deportación y otros aprietos relacionados con la inmigración.

Bush y Young explicaron que los jueces de inmigración en muchos casos tienen la discreción para decidir si una persona viviendo ilegalmente en el país deba recibir exenciones para permanecer legalmente.

Los jueces deben tener en cuenta las dificultades de la familia causada por la deportación al tomar una decisión sobre la cancelación de la orden de deportación, recalcó Bush.

“La parte difícil es comprobar tal dificultad”, expuso Bush. “No es suficiente ser separado de la familia”.

Un miembro legal de la familia con alguna discapacidad o enfermedad de gravedad, por ejemplo, podría ser suficiente, agregó.

Los jueces también observan los antecedentes penales de los inmigrantes, como delitos violentos y conducir bajo la influencia de alcohol, para determinar si esa persona tiene un buen carácter moral, indicó Bush.

Al considerar las exenciones, los jueces toman delitos en relación con la inmigración ilegal muy en serio, pero la naturaleza de este delito varía mucho, desde entrar ilegalmente, a reingresar al país, al tráfico de personas.

El proyecto del Senado crearía normas más estrictas de deportación por condenas relacionadas con la actividad dentro de pandillas, conducir ebrio de manera habitual, tráfico de documentos de inmigración, y otros delitos. El proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia añada 75 jueces de inmigración por año de 2014 a 2016.

El proyecto de ley también aumentaría las sanciones penales por tráfico de pasaportes y otros documentos de inmigración, ofrecer servicios fraudulentos de inmigración, entrada ilegal, reingreso ilegal a raíz de una condena penal, y hacer declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte.



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