¿Comunidades Seguras?

Tony Hernandez

THERNANDEZ@NWAONLINE.COM

 

Andy Shupe/NWA Media
Livona Springston, una oficial en el Centro de Detención del Condado de Washington, muestra cómo funciona la máquina de huellas dactilares el viernes, 21 de diciembre de 2012, con Michael Baker, un detenido en las instalaciones de Fayetteville. Miles de huellas dactilares se envían cada año a bases de datos de inmigración del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a detectar inmigrantes ilegales arrestados por policías locales.

Los acuerdos que permiten a la policía local rastrear criminales de origen extranjero en el Noroeste de Arkansas expiró el lunes, 31 de diciembre, pero el esfuerzo no terminará, recalcaron funcionarios locales.

Sheriffs locales y un jefe de policía habían querido que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenga acuerdos de grupo de trabajo formadas bajo el programa 287(g). Sin embargo, John Morton, director de ICE, anunció el 21 de diciembre que los

Flip Putthoff/NWA Media
Mike Nugent, diputado de la Oficina del Sheriff del Condado de Benton, muestra cómo equipo de huellas dactilares de la cárcel del condado toma una impresión de la palma, el viernes, 28 de diciembre de 2012.

grupos de trabajo terminaría en todo el país 31 de diciembre.

La agencia federal está poniendo más énfasis en un programa llamado Comunidades Seguras (“Secure Communities”) que envía las huellas dactilares a bases de datos del FBI y de ICE.

“El proceso de selección de Comunidades Seguras, junto con los funcionarios federales, es más consistente, eficiente y rentable en la identificación y eliminación de los extranjeros prioritarios penales y de otra índole”, indicó Vincent Piccard, portavoz de ICE, en un comunicado el mes pasado.

Las cárceles de Arkansas comenzaron a participar en Comunidades Seguras en agosto de 2010. Desde entonces, el gobierno federal ha deportado a 600 personas de las cárceles en los 75 condados, según un informe del ICE de agosto. Los carceleros hicieron 159,801 peticiones.

En los condados de Washington y Benton, los carceleros hicieron 40,803 presentaciones de huellas digitales resultando en 250 deportaciones, según el informe.

Kathy O’Kelley, jefe de policía de Springdale, dijo a principios de diciembre que poco cambiará si la agencia anula los acuerdos del grupo de trabajo.

“A nuestros oficiales todavía se les asignará la inmigración y continuarán haciendo investigación junto a ellos entorno a delitos graves cometidos por extranjeros indocumentados en el Noroeste de Arkansas”, subrayó.

Los acuerdos para el programa 287(g) dio tres opciones a la policía local. La opción de formar un grupo de trabajo permite a la policía investigar la actividad criminal de presuntos inmigrantes ilegales y otros con la supervisión de los agentes federales de inmigración. Una opción de cárcel permite a los oficiales de detención detectar personas detenidas para determinar su estatus migratorio. Diputados especialmente entrenados tienen acceso a las computadoras de ICE instaladas por el organismo, de acuerdo con los acuerdos. La tercera opción combina las opciones del grupo de trabajo y de prisión en un acuerdo híbrido.

Las oficinas de los sheriffs de los condados Washington y Benton eligieron los modelos híbridos en 2007, mientras que los departamentos de policía de Springdale y Rogers eligieron la opción de grupo de trabajo.

“ICE seguirá trabajando con funcionarios de las cárceles de Benton y Washington para identificar a criminales de origen extranjero detenidos en las instalaciones de los condados para asegurar su expulsión de Estados Unidos”, declaró Piccard. “Diputados de los condados de Benton y Washington trabajarán bajo la dirección de un supervisor de ICE y cumplirán con las mismas prioridades de control de oficiales y agentes de ICE”.

Piccard también dijo que la agencia trabajará con todas las agencias locales de policía en Arkansas, incluyendo Rogers y Springdale, para desmantelar las organizaciones criminales que tratan de socavar las costumbres y las leyes federales de inmigración.

Los defensores dijeron que los programas 287(g) sembraron las semillas de la desconfianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local, y eso debe terminar.

Diferencias de opinión

O’Kelley dijo que el público ha tenido problemas entendiendo el componente de la fuerza de tareas. Ella tiene tres detectives asignados a asuntos federales con el 287(g).

“Mi gente trabaja para ellos como una especie de multiplicador de la fuerza”, dijo. “Ellos no acuden a mí. Son como cualquier otro grupo de trabajo. Con el FBI, participamos en una equipo de trabajo unido en el terrorismo donde les asigno un funcionario para ellos, y él es para que ellos lo usen”.

William Mason, un detective de la Oficina del Sheriff del condado de Washington asignado al grupo de trabajo, dijo que el objetivo es identificar a los inmigrantes ilegales que cometen delitos graves, y no arrestar a todos los inmigrantes ilegales.

“No vamos a tomar a la gente de la calle y llevarlos de vuelta a su país de origen nomás porque no cruzaron la calle por el paso de peatones”, Mason subrayó. “Lo estamos haciendo porque están vendiendo drogas o traficando seres humanos, probablemente uno de los peores crímenes que el hombre haya conocido jamás”.

El sheriff del condado de Washington, Tim Helder, y O’Kelley dijeron que sus diputados y sus oficiales de patrulla no hacen cumplir las leyes de inmigración.

“Básicamente, dijimos que participaríamos en un concepto de fuerza de tarea si la función primaria no es nada más para identificar a los que están aquí ilegalmente trabajando en algún lugar tratando de mantener a sus familias”, puntualizó Helder.

A pesar de las palabras tranquilizadoras, los defensores dijeron que el programa ha resultado en que los inmigrantes ilegales duden en llamar o cooperar con la policía por temor a ser deportados.

Mireya Reith, directora ejecutiva de la Coalición Comunitaria Arkansas Unidos, trabaja con otras organizaciones como Caridades Católicas, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y con abogados de inmigración para vigilar los derechos civiles y los derechos de los inmigrantes.

Los programas de imposición han creado un miedo a la policía, dijo Reith, causando que los hispanos sean menos propensos a reportar el crimen y haciendo sus barrios más peligrosos.

Al igual que el 287(g), los grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes critican el programa de Comunidades Seguras.

“En papel, Comunidades Seguras es un buen programa”, dijo Holly Dickson, abogada con ACLU. “El problema viene de la forma en que se está llevando a cabo”.

Dickson explicó que las patrullas callejeras podrían hacer arrestos de inmigrantes sospechosos por cualquier motivo, como por ejemplo una parada de tráfico, cuando normalmente serían liberados después de la parada.

O’Kelley no está de acuerdo con esta declaración.

“La gente venía a decirnos que estamos arrestando y deportando a personas por no tener una licencia de conducir”, comentó. “No, no lo hacemos. Les escribo una infracción, como lo hacemos a cualquier otro, y los dejamos ir”.

Helder explicó que toda persona arrestada se procesa por Comunidades Seguras, algo más justo que la opción de encarcelamiento de 287(g).

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