La Prensa Libre

Gobierno suaviza política de deportaciones

agosto 25
13:00 2011

Stephen B. Thorton/ Arkansas Democrat-Gazette: La Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano durante una reciente visita a Little Rock.

Un estudiante de la Universidad de Arkansas que enfrenta la deportación espera que el cambio de prioridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le de suficiente tiempo para obtener una visa.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció el 18 de agosto que se enfocará en deportar indocumentados criminales y que sean un peligro para la seguridad nacional o seguridad pública.

Muchos indocumentados que no tienen un historial criminal podrán permanecer en el país y solicitar un permiso de trabajo según las nuevas reglas, anunció Napolitano en una carta a un grupo de senadores que apoyan la revisión del sistema inmigratorio.

Jonathan Chávez, de 21 años, quien estudia música, fue traído a los Estados Unidos de Perú por sus padres cuando tenía 13 años.

“No tuve ni tiempo para despedirme de mis amigos y familiares”, dijo Chávez sobre su partida de Perú.

Chávez dijo que sus padres llegaron al país en busca de una mejor vida y son residentes permanentes quienes pronto podrán pedir la ciudadanía. Él dijo que sus padres no pudieron solicitarle una visa cuando era menor de edad pero están tratando de patrocinarlo.

Aunque sus padres están en el país legalmente, obtener una visa puede tomar años, dijo su abogada Elizabeth Young, quien también es profesora en la escuela de leyes de la Universidad de Arkansas.

Young dijo que el anuncio de Napolitano probablemente no cambiará la situación de Chávez, agregando que el único posible beneficio para Chávez es que su caso de deportación sea puesto en espera por suficiente tiempo para que le llegue su visa.

A nadie se le va dar amnistía o libertad permanente para trabajar en el país basado en el nuevo cambio, dijo Young.

“Esto es mas como ‘bueno lo hablaremos luego’”, dijo Young.

En junio John Morton, director de la Oficina de Inmigración y Aduanas, presentó un memorandum a los agentes de ICE definiendo cuando y como la discreción iba ser manejada. La guía cubre a los que podrían ser amparados por la propuesta legislativa conocido como DREAM Act que busca dar a los jóvenes indocumentados que van al colegio o sirven en el ejército una oportunidad de obtener estatus legal.

Morton también sugirió que los agentes consideraran cuánto tiempo alguien había estado en los Estados Unidos, si tiene familia inmediata que sean ciudadanos estadounidenses y si la persona tiene historia criminal. Consideración también se dará a los veteranos y miembros de las fuerzas armadas, mujeres que están embarazadas o amamantando, víctimas de violencia doméstica, tráfico u otros crímenes graves, e individuos con condiciones serias de salud.

La jefa de policía del departamento de Springdale dijo que el cambio significa poco para su departamento que participa en el programa federal 287(g), que permite que oficiales locales y estatales sirvan como agentes de migración en la calle o en las cárceles. O’Kelley dijo que sus oficiales participan en investigaciones bajo la dirección de la oficina local de ICE pero no están persiguiendo casos de deportación como el de Chávez.

“No nos va a molestar y no sé si es algo bueno o malo”, dijo O’Kelley.

Defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que aprueban la medida y la ven como un paso en la dirección correcta.

Mireya Reith, del Arkansas United Community Coalition, dijo que el anuncio generó emoción a nivel estatal y nacional.

Reith dijo que su organización está satisfecha en ver al Departamento de Seguridad Nacional tomar un buen paso y está ansiosa de ver cómo la orden es administrada.

Lucía Hernández, defensora de los derechos de los inmigrantes para ACLU, dijo que no es suficiente.

Hernández dijo que el programa de ICE Secure Communities, que le da a la policía en la cárcel local acceso a los archivos de inmigración nacional, ha llevado a las “deportaciones masivas”, que continuará hasta que se termine el programa.

“Esta estrategia no suspenderá las deportaciones masivas y violaciones a los derechos civiles de las víctimas de un sistema injusto de inmigración”, dijo Hernández.

Este tipo de “deportaciones masivas” condenado por Hernández es favorecido por oponentes al cambio de leyes como lo es Jeannie Burlsworth, presidenta de Secure Arkansas, un grupo que se opone a los inmigrantes indocumentados. Burlsworth dijo que piensa que la nueva política va en contra de la ley federal y que cualquier persona indocumentada debe de ser deportada. Ella dijo que no piensa que los casos deben de ser considerados individualmente.

El representante federal republicano Steve Womack también se siente molesto por el cambio, al que calificó como un paso en la dirección equivocada.

Womack, quien fue el primer alcalde en Arkansas en enviar a sus policías al entrenamiento del programa 287(g) en el 2007, dijo que la seguridad fronteriza es la prioridad. Él dijo que el debate sobre la ley de inmigración debe basarse en la seguridad en la frontera, no en cómo hacer mas fácil que se queden aquellos que entran al país indocumentados.

Art’culo traducido por Jocelyne Pruna

 

ADVERTENCIA:

 

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) recomendó no confiar en ninguna persona que diga que puede obtener un permiso de trabajo o estatus legal basado en el anuncio de 18 de agosto. “Sólo un abogado de inmigración calificado puede evaluar un caso”, dijo un comunicado de AILA que recomienda no buscar asesoría legal de un notario o consultores de inmigración.
Más información en www.parefraudenotarial.org.

 



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