La Prensa Libre

Proyecto de ley negaría beneficios a indocumentados

febrero 17
01:00 2011

Un proyecto de ley que prohibiría a los inmigrantes indocumentados recibir beneficios estatales fue presentada ante el congreso estatal de Arkansas el 1 de febrero.
De ser aprobada, los indocumentados podrían recibir beneficios únicamente en caso de emergencia o de peligro de muerte.
El proyecto de ley 1292 le negaría a los jóvenes indocumentados el derecho a colegiaturas de residente en instituciones de educación superior. Obligaría a las organizaciones estatales a verificar el estado migratorio de la personas que soliciten beneficios las cuales deberán jurar por escrito que son ciudadanos de los Estados Unidos o tienen estado legal en el país. Mentir en esa declaración se consideraría delito grave.
El proyecto de ley fue presentado por los congresistas estatales republicanos Jon Hubbard. Gary Deffenbaugh, Jon Eubanks, Justin Harris, y Gary Stubblefield.
La Prensa Libre trató de contactar a los congresistas del Noroeste de Arkansas para conocer su posición ante el Proyecto de Ley 1292. Dos de ellos respondieron.
Uvalde Lindsey, representante demócrata por el distrito 88 (condado de Washington), dijo que no está a favor de la propuesta.
“Sin dudarlo, yo voy a votar ‘no’ por el Proyecto de Ley 1292”, dijo.
“Yo creo que estamos destinados a seguir con la ley federal que pide proveer educación, servicios médicos de emergencias y vacunas. La legislación federal será superior y anulará esta propuesta”, dijo Lindsey.
Donna Hutchison, representante republicana por el distrito 98 (condado de Benton), afirma que votará a favor de la propuesta.
“Planeo apoyar la propuesta que, a primera vista parece cruel, pero tengo una forma única de ver la situación”, dijo antes de comentar que ella es indígena estadounidense.
Ella dijo que su tribu nunca se dio por vencida y la mayoría murió de viruela. La entrada legal a los Estados Unidos, dijo, significa que la persona ha sido examinada de enfermedades contagiosas.
“Si una epidemia cruza la frontera… la muerte es lo que sigue”, dijo.
“El gobierno federal parece estar renuente a proteger nuestras fronteras. Esto lo ha complicado todo”, dijo. “Los estados tienen que proteger a sus ciudadanos quitando el tapete de bienvenida. Queremos que otros vengan y disfruten de Arkansas pero no queremos una enfermedad que pueda traer una epidemia”, dijo Hutchison.
Ella comentó que la mitad de la población hispana en su condado es “ilegal”.
“Lo que nosotros queremos es lo mejor para nuestros niños, eso incluye una buena salud. Tenemos muchas leyes en nuestro país que protegen la salud de nuestros ciudadanos, la entrada legal es uno de ellos”, dijo.
En noviembre del 2010 se presentó el Proyecto de Ley 1008 por los representantes republicanos Justin Harris, Jon Woods y Jon Hubbard. Esta ley le impediría a los estudiantes indocumentados pagar cuotas de residentes en las instituciones de educación superior.
Hay organismos oponiéndose. La Unión Americana en pro las Libertades Civiles (ACLU) es una de ellas.
“ACLU está en oposición que se requiera ciudadanía o residencia legal para que una persona sea elegible para una cuota educativa reducida”, dijo Lucía Guillén, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de esa organización, “creemos que contradice los valores fundamentales de equidad en América”.
Guillén dijo que “negar una colegiatura económicamente viable para estudiantes que carecen de ciudadanía en los Estados Unidos es injusto. Se han graduado de preparatorias del estado … son perseverantes, vinieron por decisión de sus padres y tuvieron que pasar por los requisitos de un estudiante latino”.
“No queremos que esta ley limite el progreso de estos estudiantes”, dijo.
La coordinadora de inmigración del Consejo Nacional de la Raza, Elena Lacayo, dijo “ya llevamos varios años de ver este tipo de legislación a nivel estatal y uno de los temas es restringir el acceso a varios servicios estatales a inmigrantes”
“En vez de afectar a una parte de la población afecta a todos porque tienen que pasar por este tipo de sistema de verificación incluyendo a personas que son ciudadanos o están legales”, dijo.
“En casos de emergencia puede ser que demore el tratamiento en casos que pueden llevar a algo más serio”, dijo.
Lacayo dijo que las medidas a nivel estatal “no van a ser la respuesta que quieren las personas en término largo”.
“Más bien lo que se necesita es una reforma migratoria a nivel nacional que cambie el sistema entero desde la forma como viene los inmigrantes”, dijo.



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